“De lo reseñado, se desprende que no se ha verificado ningún tratamiento arbitrario ni discriminatorio por parte de las autoridades de la División de Educación para la asignación de los cupos aludidos que repercuta ilegítimamente en la forma o en las condiciones en que vienen cumpliendo su privación de libertad, sino que las dificultades denunciadas para acceder a los cursos obedecen a la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos fijados para su otorgamiento, en función de la demanda que presentan.”